[Brasil] Reporte sobre represión contra anarquistas
Compañero/as: Está sucediendo una clara persecución contra los movimientos anarquistas en Brasil, no sólo a los anarquistas sino también a los comunistas, pero es notable que en esta época de la historia los movimientos anarquistas están ganando un cierto protagonismo en la persecución política.
Un breve resumen de los casos:
En Porto Alegre el Espacio Cultural “Moinho Negro”, y también la sede de la Federación Anarquista Gaucha, fueron invadidas por la policia, siendo sus libros, computadoras y telefonos celulares confiscados.
En Sao Paulo una ley de la dictadura, la Ley de Seguridad Nacional, esta siendo aplicada contra activistas en un intento de criminalizar a quienes se relacionen con el “Bloque Negro”, llevándolos detenidos.
Aquí en Rio de Jainero dos sitios webs anarquistas fueron investigados y sus administradores detenidos. Estas páginas son “Bloque Negro RJ” y “Organización Anarquista Tierra y Libertad” (OATL).
Hoy por la mañana diversos miembros de la OATL fueron abordados por la policía en sus casas. La situación no se ha detenido pues la cacería continúa: 8 personas fueron detenidas y en cualquier momentos nuevas personas pueden ser víctimas de allanamientos policiales, con sus bienes incautados y su libertad restringida por haberse atrevido a oponerse a este Estado totalitario y sin derechos. En total 17 están siendo juzgados. Sin embargo, toda tentativa de destruirnos nos hará más fuertes.
La Interpol estuvo involucrada en las investigaciones contra los grupos anarquistas de Río de Janeiro. Hay una persecución política extremadamente peligrosa en Brasil , con el fin de criminalizar a los movimientos sociales, la caza de anarquistas se ha puesto en marcha. La persecución política aparece no sólo en Río de Janeiro y Brasil. Con la participación de la Interpol (que enumera los siguientes países: Estados Unidos , Inglaterra, Francia, México, Italia y Portugal) , está claro que la persecución es global.
La orden de búsqueda y captura que un compañero recibió dice que el incumplimiento de la confidencialidad de llamadas telefónicas se realizó el pasado 04 de julio. A partir de hoy el Estado confirma que estamos siendo monitoreados sin vergüenza - y que está siendo ordenado a asistir a la estación de policía para determinar su relación con las “bandas criminales que practican terror contra el Estado”.
No somos terroristas! Somos militantes! No aceptamos ninguna persecución a nuestra organización y para cualquier otra. ABAJO LA DICTADURA! Pelear no es un crimen!
EL MAYOR DESPLIEGUE MILITAR BRITÁNICO DESDE LA II GUERRA MUNDIAL
12.000
policías, 17.000 militares y 17.500 vigilantes privados serán movilizados para
los Juegos Olímpicos de Londres. Un despliegue millonario a medida de las
grandes multinacionales, un dispendio en plena crisis.
Por tercera vez en su historia, Reino Unido será la sede de los Juegos Olímpicos. Bajo el lema “Inspirando a una generación”, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 (LOCOG, por sus siglas en inglés) ha presentado estas Olimpiadas como una oportunidad para generar empleo, regenerar zonas desfavorecidas y fomentar el deporte de base.
No obstante, con
un coste estimado de 1.500 millones de
euros, y en un año en el que los recortes al sistema educativo, sanidad, e
inversión social han sacado a miles de británicos a la calle, los Juegos y
su gestión no son del agrado de todos.
En las últimas
semanas, tras una serie de revelaciones, las críticas al LOCOG abren
diariamente la mayoría de los boletines informativos del país.
705
millones en seguridad
Aunque las cifras finales
están todavía por confirmar, la Asociación de Altos Cargos Policiales (ACPO) ha
informado que alrededor de 12.000
agentes patrullarán las zonas olímpicas, colaborando con los 17.000 militares
–11.800 soldados, 2.600 marines y 2.600 aviadores– movilizados en lo que
constituirá el mayor despliegue militar del Ejército británico desde la Segunda
Guerra Mundial.
A esta operación
militar y policial hay que añadir los 17.500 vigilantes de seguridad
privada contratados por el LOCOG, más un millar de agentes estadounidenses.
La
Ciudad Olímpica estará protegida por una alambrada electrificada de 5.000
voltios de tensión y 18 kilómetros de longitud, cuyo coste asciende a 101
millones de euros.
Mientras tanto, misiles
tierra-aire instalados en seis puntos del este de Londres –incluyendo la azotea
de un edificio residencial cuyos vecinos no fueron consultados– velarán
por el mantenimiento de la zona de exclusión aérea –en vigor desde el pasado 14
de julio– junto con los cazas y helicópteros de la Royal Air Force de las bases
de Northolt e Ilford y desde un portaaviones fondeado en el Támesis.
La partida del
presupuesto destinada a seguridad, que en la actualidad se cifra en 705
millones de euros, incluye
también la instalación de cámaras de vigilancia –a incorporar a los tres
millones de cámaras ya existentes en Reino Unido–, así como nuevos
escáneres, controles y software de reconocimiento facial y de matrículas, que
permanecerán una vez terminados los juegos.
A estos hay que
añadir los aviones no tripulados que patrullarán el cielo de la ciudad, los 55
equipos de perros de ataque alrededor de la Ciudad Olímpica y las armas sónicas
que protegerán el recinto.
El objetivo no es
sólo garantizar la seguridad de los juegos, sino también, en palabras de un
oficial del Gobierno británico, aprovechar “una tremenda oportunidad para
exhibir lo que el sector privado puede hacer enmateria de seguridad”.
A las críticas por
los contratos multimillonarios con empresas de armamento y seguridad privada,
se han añadido en las últimas semanas las generadas por el comportamiento de
GS4, la mayor compañía de seguridad privada del mundo, y la encargada de
gestionar la seguridad de estos Juegos.
El pasado 13 de
julio, Nick Buckles, presidente de GS4, anunció que no iba a poder proporcionar
los 17.500 trabajadores acordados, y que el Ejército tendría que suplir las
vacantes con 3.500 operativos adicionales. La compañía ahora se enfrenta a
penalizaciones de hasta 63 millones de euros y a perder otros contratos que
tiene con la administración británica, incluyendo la gestión de prisiones y
comisarías.
Multinacionales
El LOCOG también ha
sido criticado por su selección de patrocinadores y por las ventajas legales y
fiscales que se les han otorgado a los mismos. A pesar de haber firmado un
código de contratación “acorde con las reglas deportivas y principios definidos
en la Carta Olímpica”, tales como la “sostenibilidad”, el “valor educativo del
buen ejemplo” y el “respeto por los principios éticos fundamentales y
universales”, la lista de patrocinadores y proveedores incluye empresas de
ética cuestionable.
Por ejemplo, Adidas, proveedor
oficial de uniformes olímpicos, está siendo investigada tras denuncias sobre
las condiciones de trabajo en sus factorías en Indonesia, en las que fabrica el
material olímpico. Río
Tinto, proveedor oficial de medallas, está siendo juzgado por una serie de
delitos medioambientales y de explotación laboral, y Dow
Chemical, uno de los principales patrocinadores, sigue sin aclarar su
conexión con el desastre de Bhopal. Otros patrocinadores con antecedentes
discutibles son McDonalds, restaurante oficial y proveedor exclusivo de
patatas fritas; Coca-Cola, bebida oficial; o BP,
proveedor de combustibles.
La mercantilización
de los Juegos ha sido exhaustiva, afectando a productos que abarcan desde
cepillos de dientes a limpiadores de baño, pasando por camisetas, cuentas
bancarias o relojes.
La legislación al
respecto tampoco tiene precedentes: ninguna empresa o tienda que no sea
patrocinador o proveedor oficial puede promocionarse en las inmediaciones de
los Juegos ni usar símbolos ni términos asociados con las Olimpiadas,
incluyendo palabras como “verano”, “oro”, “plata”, “bronce” o “Londres”. Más de
300 agentes de la Olympic Delivery Authority se dedican desde mediados de julio
a inspeccionar tiendas y oficinas, para garantizar el cumplimiento de esta
normativa, y aplicar sanciones de hasta 25.000 euros a aquellos que la
incumplan.
Un
paraíso fiscal
La aprobación de
medidas excepcionales también afecta al apartado de impuestos, puesto que por
imposición del COI, la zona olímpica ha sido declarada paraíso fiscal. Esta
medida exime a todas las empresas participantes de pagar impuesto alguno, lo
que según cálculos de la revista Ethical Consumer, supondrá una pérdida de 891
millones de euros para las arcas públicas.
Estas actuaciones,
junto con las antes mencionadas y las revelaciones que se van sucediendo día a
día, han abierto un
debate que será difícil de cerrar.
Sirio Canós Donnay